Este año la gran mayoría de las comunidades autónomas han aumentado sus presupuestos sanitarios orientados a reforzar el sistema sanitario tras dos años de pandemia. No obstante, las listas de espera siguen siendo demasiado largas y, probablemente, es inevitable que existan, ya que a pesar de que se incrementen los recursos siempre serán escasos. Sin embargo, tal como apunta la Fundació Grífols i Lucas en su estudio Listas de espera: ¿lo podemos hacer mejor?, la cuestión que más debería inquietar es de naturaleza ética, algo que está relacionado con la justicia distributiva y las desigualdades o discriminaciones entre los pacientes.
Pese a la extensión de un sistema sanitario público y universal español que lo convierte en uno de los mejores del mundo, algunos pacientes tienen que esperar más que otros para ser atendidos, cuestión que pone de manifiesto que hay ciertas disfunciones que necesitan corregirse para seguir manteniendo un sistema eficiente, sostenible y éticamente impecable.
Medidas para la priorización de la salud
Para solucionar la problemática de las listas de espera existen diferentes medidas. Se puede aumentar los recursos destinados a sanidad, en general, y a los procedimientos o patologías con mayores tiempos de espera, en particular. Pero este incremento tiene un límite evidente en el presupuesto. Es inviable ampliar indefinidamente la partida presupuestaria sanitaria porque eso afecta a otras áreas como educación, justicia, pensiones...
Por otro lado, se puede intentar mejorar la productividad de los médicos y hospitales, y aunque puede aligerar algunos problemas de las listas de espera, tampoco acabará con ellas.
Lo más aconsejable, según los expertos, es tratar de gestionar lo mejor posible las listas de espera. Para ello es necesario realizar una evaluación de los casos que entran en lista de espera, para corroborar que la indicación es apropiada y reducir, de esa manera, el uso inadecuado de recursos. El otro orden de medidas atañe al diseño de una adecuada priorización de la lista de espera.
Los criterios de priorización pueden ser varios, pero desde el punto de vista de la efectividad y la eficiencia las opciones suelen ser la de tratar primero a los que se beneficiarán más del tratamiento –en términos de mejora de la salud– o tratar primero a los que sufren más por la espera –en términos de discapacidad o limitación para trabajar o para las actividades de la vida diaria, dolor, salarios perdidos, etc.
Sistema de transparencia
Factores como el orden de llegada, la gravedad, la utilidad social del enfermo, la capacidad del paciente de beneficiarse de los servicios médicos, la responsabilidad individual en la adquisición de la enfermedad y en la probabilidad de cumplir con los tratamientos prescritos, la edad, etc..., son factores que deberían ser tomados en cuenta en las listas de espera, según explica el informe.
El criterio de prioridad más utilizado dentro de una lista de espera en la sanidad pública es el orden de llegada; es imparcial y es fácil constatar su registro. Sin embargo, no está exento de problemas. En ocasiones, el primero que llega o el que lleva más tiempo en la lista de espera no es el enfermo más grave o que padece más sufrimiento o que tiene una mayor capacidad de beneficio de los recursos sanitarios.
Por otra parte, discrimina a los pacientes que, por motivos culturales, educativos o de otro tipo, no tienen la misma habilidad y eficacia que otros para acceder a las listas de espera. Así pues, el orden de llegada debería estar matizado por otros criterios que, en un momento dado, pueden complementar o sustituir al mero azar en el acceso a la atención médica.
Junto al orden de llegada, la gravedad del enfermo suele actuar frecuentemente como criterio de prioridad en una lista de espera. La idea de que los más graves deben pasar por delante de los demás está profundamente arraigada en todos nosotros.
Por ello, las comunidades autónomas han ido creando un sistema de información sobre las listas de espera que es público, transparente y comparable. Por otra parte, es imprescindible que todos los pacientes estén informados sobre las garantías legales que les asisten en caso de no cumplirse los plazos garantizados; que se agilice y facilite la derivación desde atención primaria a las pruebas diagnósticas que así lo permitan y que haya un mejor aprovechamiento de los recursos, por ejemplo, con turnos de tarde.
En definitiva, la transparencia y el fácil acceso a fuentes de datos públicas son esenciales para la ciudadanía y además sirven para extraer conclusiones y posibles mejoras en el sistema público de salud.