Actualmente, y a raíz de la crisis del coronavirus, la conciencia sobre la importancia de la salud mental ha trascendido al debate público, dejando de ser un tema tan tabú. Cada vez son más las personas que deciden pedir ayuda pero la falta de recursos humanos es uno de los principales obstáculos.
Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2020, el 29% de los españoles padece algún trastorno de salud mental. De hecho, la ansiedad es uno de los trastornos más frecuentes y durante los últimos años ha tenido una prevalencia creciente.
Desde la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) alertan sobre el déficit de profesionales de la salud mental en España. Tal como recoge el ‘Libro Blanco de la Psiquiatría en España’, en la actualidad hay 4.393 psiquiatras en la red pública de atención a la salud mental, lo que supone un ratio de 9,27 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Esta cifra sitúa al Estado muy por debajo de la media europea y representa un desafío significativo en la atención y tratamiento de los trastornos mentales.
Por ello, explican que hay una necesidad de que se incorporen entre 370 y 565 psiquiatras al año durante los próximos cinco años, manteniendo constantemente el número de especialistas en formación, para alcanzar en el próximo lustro ratios óptimos de entre 13 y 15 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. La incorporación de nuevos profesionales es imperativa ya que se calcula que un 20% de los psiquiatras españoles se jubilará en los próximos cinco años acrecentando la falta de recursos en la atención a la salud mental.
Para la SEPSM, “la situación es urgente, por lo que deben tomarse acciones a corto, medio y largo plazo”, siempre con la finalidad de mejorar la calidad de la asistencia.
Principales desafíos
La salud mental en España requiere una atención urgente y coordinada a nivel nacional y autonómico para garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad y reducir el impacto de los trastornos mentales en la sociedad. Los principales retos que asume actualmente pueden agruparse en los siguientes puntos:
Deficiencia de recursos humanos
El número insuficiente de profesionales de la salud mental, incluyendo psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras especialistas en salud mental, es uno de los principales obstáculos. Se requiere una mayor inversión en la formación y contratación de estos profesionales para satisfacer la creciente demanda de servicios.
Desigualdad en el acceso
Existe una brecha significativa en el acceso a los servicios de salud mental entre las diferentes regiones de España. Tal como refleja ‘El Libro Blanco de Psiquiatría en España’, la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud mental es evidente, con comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña cumpliendo con estándares óptimos, mientras que otras, como Andalucía, Extremadura o la Comunidad Valenciana, se encuentran dramáticamente rezagadas. Los psiquiatras afirman que corregir ese desequilibrio es esencial y que, aunque el servicio y los ratios no sean los anhelados, se pueda brindar, al menos, un servicio equitativo y asegurar la accesibilidad de todos los ciudadanos.
Estigma y concienciación
Aunque ha habido avances en la reducción del estigma asociado a los trastornos mentales, todavía persisten barreras significativas que dificultan la búsqueda de ayuda y el acceso a los servicios de salud mental. Es necesario continuar educando y sensibilizando a la sociedad para fomentar la comprensión y la aceptación de las enfermedades mentales.
Integración de la salud mental en la atención primaria
Es importante fortalecer la colaboración entre los servicios de salud mental y la atención primaria para garantizar una atención integral y coordinada para las personas con trastornos mentales. Esto incluye mejorar la detección temprana, el seguimiento continuo y la gestión de casos complejos.
Posibles soluciones
A pesar de estos desafíos, el futuro de la salud mental en España también está marcado por oportunidades de mejora. Para abordar esta crisis, la SEPSM propone una serie de acciones, que incluyen la optimización de recursos humanos y tecnológicos, el incremento del número de psiquiatras en actividad, la mejora de las condiciones laborales y la coordinación intersectorial. Además, destacan la importancia de reducir el estigma asociado a los trastornos mentales y de impulsar políticas de prevención y abordaje de la conducta suicida a nivel estatal.