Reducir las listas de espera es uno de los principales objetivos de la Sanidad pública, especialmente tras la pandemia del coronavirus cuyas consecuencias todavía siguen siendo palpables. Por ello, la mayoría de comunidades autónomas ha optado por la colaboración con centros privados y poder aliviar así las largas listas de espera y las demoras.
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) cuyo primer artículo contempla la gestión directa de la sanidad pública como preferente. Así considera una excepcionalidad, bajo justificación, la concertación con el sector privado.
En el mismo contexto, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha elaborado un análisis del hipotético escenario que se produciría en el Sistema Nacional de Salud si se llevar a cabo la ruptura en la colaboración público-privada. Las principales conclusiones que se extraen del informe evocan un aumento inevitable de las listas de espera y un alto incremento en el gasto público sanitario.
Impacto en la accesibilidad y el gasto público
Según el análisis de IDIS titulado 'Aportación del sector privado al Sistema Sanitario', se estima que el fin de la colaboración tendría un impacto directo en la accesibilidad. Según la hipótesis, las listas para consultas externas subirían un 153%, ampliando la espera en 58 días más. Asimismo, estiman que las listas de espera para cirugías podrían aumentar un 102%, lo que implicaría alargar la espera media en 75 días. Por otro lado, el índice de ocupación hospitalaria podría crecer hasta 85%, cuando actualmente se sitúa en un 70,6%.
La Fundación IDIS también considera que sin colaboración privada, el gasto sanitario público podría colocarse entre un 25-35% más respecto a los costes derivados de la contribución. La reducción de conciertos podría suponer un aumento de coste para el Sistema Público de al menos 1.200 millones. Además, señala que en caso muy extremo el aumento del gasto podría alcanzar los 2.700 millones de euros si se asume que el total de las prestaciones tiene un 25% más de coste en la sanidad pública.
El análisis también menciona la necesidad de llevar a cabo una serie de inversiones en el corto-medio plazo con la finalidad de ampliar la capacidad de atención. Sin embargo, el sistema público tendría que asumir en torno a 6 millones de estancias hospitalarias, 11 millones de consultas externas y 800.000 pruebas diagnósticas.
Mecanismos actuales de la colaboración público-privada
La Fundación IDIS destaca que el convenio actual entre la sanidad pública y privada permite mejorar la provisión y la calidad de los servicios de salud. Según el estudio, cuando los acuerdos están bien gestionados y controlados aportan beneficios en el sector público, reduciendo gastos y propiciando mayor accesibilidad y mejores servicios a la población.
Los convenios no existen porque sí sino que surgen como consecuencia de las limitaciones a la capacidad de endeudamiento de las administraciones públicas. Este tipo de acuerdo supone un reparto del riesgo entre las partes y tiene como objetivo combinar las mejores habilidades de ambos sectores en beneficio mutuo.
Así pues, según el análisis, en la actualidad la colaboración público-privada tiene objetivos que satisfacen a ambas partes y que pasan por la construcción de infraestructuras, el suministro de servicios sanitarios y clínicos, la gestión de hospitales y la provisión de servicios no asistenciales.
Por ello consideran que el fin del convenio tendría consecuencias muy negativas para la sociedad ya que el sector privado “contribuye de forma positiva al Sistema Nacional de Salud, asumiendo una parte relevante de la actividad asistencial, lo que libera recursos del sistema público y reduce la presión asistencial”.